El asesor de Montero que atacó a un policía pide al juez requisar los móviles a dos periodistas de OKDIARIO

José Andrés del Reino Cárdenas, asesor del Gobierno en el Ministerio de Igualdad, ha pedido al juez que le investiga por presuntamente agredir a un policía en el aeropuerto de Santiago el pasado 17 de abril que requise los teléfonos y ordenadores de los periodistas que informan del caso en OKDIARIO. Miembro del gabinete de Igualdad de la ministra Irene Montero, el asesor tuvo una discusión con dos azafatas  en el aeródromo y, según los policías que acudieron al aviso de las mujeres, insultó a los agentes enfrentándose a ellos y causándoles heridas en una mano. Por este motivo fue detenido. OKDIARIO ha informado del caso y Del Reino ha pedido al juez que requise los ordenadores y teléfonos móviles de los periodistas que vienen informando del asunto en caso de que se negasen a revelar sus fuentes.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela que instruye la causa contra el asesor investigado por las supuestas lesiones a uno de los policías nacionales que le detuvieron en el aeropuerto de Santiago, ha recibido una petición de Del Reino Cárdenas para saber el origen de la presunta filtración a OKDIARIO de todo lo relativo a su causa.

La solicitud a su señoría no versa sobre una supuesta incorrección o falta de veracidad en la información publicada por ambos profesionales. Todo lo contrario, ante la exactitud de los datos vertidos en sus informaciones, el asesor nombrado cuando Irene Montero dirigía el Ministerio de Igualdad, pretende que los dos periodistas desvelen sus fuentes o se les fuerce a hacerlo retirándoles los ordenadores y teléfonos móviles, herramientas que usan para trabajar a diario.

El asesor, según el atestado policial, le espetó a los policías: «Me detenéis porque soy de Podemos y gay. Fachas, nazis, homófobos», tras protagonizar un altercado con las azafatas de tierra. Luego fue detenido y acusado de agredir a un agente.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del lunes 17 de abril en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tras el enfrentamiento verbal en el mostrador de facturación de la compañía Ryanair. El asesor del Ministerio de Igualdad pretendía coger un vuelo junto a su pareja, cuando según las azafatas discutió porque se negaba a pagar un suplemento por su equipaje. El enfrentamiento subió de tono, y las azafatas, según el parte policial, reclamaron la intervención de la Policía ante la agresividad que manifestaban el sujeto y su pareja.

Según el atestado, mientras los funcionarios hablaban con el luego detenido el individuo gritaba: «Ryanair no me deja volar» y luego  «la Policía Nacional no me deja volar» mientras grababa con su teléfono a escasos centímetros de la cara de los agentes. También, según los policías, se negó a entregarles su DNI.

Finalmente los policías intentaron conducirlo hasta una sala aparte del aeropuerto pero supuestamente se resistió, tal y como parece que queda reflejado en tres de las cámaras de seguridad de la zona. Según los policías, es en ese momento cuando uno de los agentes sufrió contusiones en la mano al pillársela con la puerta el asesor en sus intentos de escapar. Todo acabó en la comisaría del aeropuerto con el asesor detenido y denunciado por la Policía por agresión a uno de sus agentes. José Andrés niega la versión de los agentes y de las azafatas, y ha denunciado a su vez a los policías que le arrestaron.

Recientemente, el 22 de julio, más de 160 periodistas de 50 medios de información enviaron dos escritos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresando su protesta por la condena a dos años de prisión a una periodista del diaro «Huelva Información» por un delito de revelación de secretos en un caso de homicidio. Los firmantes reclamaban el derecho y deber de informar ejerciendo las libertades que protege la Constitución, todavía más si se trata de datos contrastados que obran en sumarios que no se hallan bajo secreto judicial.

Expertos, insisten en que la inclinación por intentar condenar a periodistas que en el ejercicio de su profesión revelan información contrastada es ilegal. «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) deja claro que al periodista siempre le amparan las distintas vertientes de la libertad de información, independientemente del origen del que haya obtenido esa información».